Introducción:
Del 23 de julio al 16 de agosto del 2018, se desarrolló el XII Censo Nacional de Población y el VII de Vivienda. Aproximadamente 14 mil censistas y 3,500 supervisores tuvieron la ardua tarea de visitar los hogares de los guatemaltecos para recolectar información. Este acontecimiento era de suma importancia para la sociedad, pues era necesario que se sepa cuántos residentes tiene Guatemala, así como también su dinámica demográfica, para que el Estado pueda generar las políticas públicas necesarias, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes del país.
Censo Nacional de Población y Vivienda
En la actualidad se desconoce el número exacto (o por lo menos aproximado) de personas residentes en Guatemala. Algunos expertos consideran que en el país hay 14 millones, otros 16, algunos 18 y hay quienes se atreven a decir que se superan los 20 millones de habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística –INE- afirma que son 16 millones, lo que se considera el dato oficial, sin embargo, existe el peligro que la cifra quede corta, puesto que es una proyección del Censo 2002. Según los detalles del Registro Nacional de Personas -RENAP-, entregados a Prensa Libre (enero 2017), al último día del año 2016, se había registrado a 17 millones 154 mil 812 personas en Guatemala; de las cuales ocho millones 378 mil 742 son hombres y ocho millones 776 mil 70, mujeres (diferencia superior a 397 mil). Otra referencia podría ser la información de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala -SIT-(2017) que señala que en el país existen 19.2 millones de líneas operativas, lo que puede asumirse un dato más aproximado, pues es inconcebible que en un país donde el 63% de su población vive en pobreza y extrema pobreza, haya más líneas de comunicación móvil que habitantes. Se esperaba que los datos del Censo hubieran develado las distintas hipótesis.
Historia
El Primer Censo de población se realizó en 1778, el cual fue promovido por las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica Romana. La metódica incluía tomar en cuenta los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones.
En 1880 se levantó el Segundo Censo de Población, por parte de la sección de Estadística, adscrita al Ministerio de Fomento, con categoría de Oficina Central de Estadística. En 1893 y en 1921 se llevó a cabo el III y IV Censo respectivamente, cuando esta oficina fue elevada a Dirección General de Estadística.
El V Censo de Población se realizó en 1940, en donde la Dirección General de Estadística se incorporó al Ministerio de Hacienda. En 1950 se llevan a cabo el VI Censo de Población, I Censo Agropecuario y el I Censo de Vivienda Urbana, derivado que La Dirección de Estadística pasa a jurisdicción del Ministerio de Economía y Trabajo.
En 1964 se realizó el VII de Población, II de Habitación y II Agropecuario; en 1973 el VIII de Población y III de Habitación; en 1979 el III Agropecuario.
En 1981 se desarrolló el IX Censo de Población y IV de Habitación, donde se consideró como área urbana a los lugares poblados reconocidos como ciudad, villa o pueblo. En 1994 el X de Población y el V de Habitación, se consideró como área urbana a los poblados con categoría oficial de ciudades, villas y pueblos (cabeceras departamentales y municipios), y asimismo las colonias y asentamientos que tuvieran continuidad al casco urbano definido cartográficamente por cada municipio.
En el marco del Proyecto de Censos Nacionales Integrados, en el año 2002 se ejecutaron el XI Censo de Población y VI de Habitación. El tipo de censo levantado se enmarca en lo que se conoce como Censo de Derecho o “de jure”, lo que significa que a cada persona se censó o adjudicó al lugar geográfico en el que tenía su residencia habitual al momento del Censo.
Entre los resultados del Censo 2002,
indicaron que la población de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos,
Alta Verapaz y Quiché en conjunto, llegaron a concentrar el 27.3 % de la
población total del país, porcentaje que, con el 22.6 % del departamento de
Guatemala, alcanzó el 50 % de la población de Guatemala. Resalta el
departamento de El Progreso, con un total de 139,490 habitantes, por tener la
menor cantidad de población a nivel del territorio nacional. Otros
departamentos que se destacan por tener menos cantidad de población son Baja
Verapaz y Zacapa.
Según el Censo de 1950, la República de Guatemala contaba con una densidad poblacional de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el Censo de 2002 reveló una densidad poblacional de 103 habitantes por kilómetro cuadrado. Se considera que en la actualidad la densidad poblacional es de 155 habitantes por kilometro cuadrado, lo que representa la segunda más alta de Centroamérica, únicamente superados por El Salvador.
Importancia del Censo:
El no saber cuántos habitantes tiene
el país y su dinámica demográfica, representa un problema verdaderamente
importante, pues de manera idealista, se puede decir que el Censo Poblacional significa
la única fuente de información que proporciona datos actualizados de la
realidad al menor nivel de descomposición geográfica del país, lo que permite
priorizar la información pública en necesidades emergentes como la ampliación
de servicios básicos como la energía eléctrica, agua potable, desagües,
escuelas y centros de salud.
Al desconocer cuántas personas viven en el país, no se podrá focalizar la ubicación, cantidad y características de la fuerza laboral existente, se ignorará la caracterización de los pueblos originarios (atentando contra su riqueza cultural), el porcentaje de personas con discapacidad; la cantidad de personas analfabetas, la tasa de pobreza, entre otros temas importantes.
La utilidad de la información de los censos nacionales mejora el diseño de planes, programas y políticas públicas, hace más eficiente la asignación y distribución de recursos, identifica polos de desarrollo económico, hermana poblaciones vulnerables y establece perfiles y proyecciones de la población en general.
Expectativas:
Se esperaba un trabajo serio de las personas que realizarán el Censo. Es necesario que los supervisores del proyecto fueran celosos y fieles vigilantes del proceso para que hubiese sido integral e inclusivo.
Era necesario que los datos fueran confiables y representativos. Los censistas y supervisores debieron actuar con ética. No se debieron llenar las boletas por cumplir un número, no debía existir “pereza” por visitar lugares lejanos, no se debía hacer un muestreo y después multiplicar los datos. Eso atentó contra los fines del Censo.
Era menester tomar en cuenta a todas las personas, a los que viven en la calle, a los excluidos, a los marginados, a los abandonados, a la población vulnerable que se encuentran en comunidades “perdidas y olvidadas”, que viven sin agua, energía eléctrica y que caminan cotidianamente descalzos por la tierra, porque si ellas no son tomadas en cuenta ¿Cómo se puede esperar que las decisiones emergentes de la información censal las beneficie?
Limitantes:
Se presumía que el estudio técnico realizado para el evento presentaba lagunas, puesto que el periodo de planificación no fue el correcto, así como también la capacitación a los censistas y a los supervisores. Otro indicador es la cantidad extrema de preguntas y lo amplío del instrumento de recolección.
Se sabía que habían territorios tomados por el narcoráfico, la extorisión y las pandillas. Se esperaba la protección para los censistas, para de alguna manera pueda recopilarse información en las zonas rojas del país.
Otro hándicap fue que, por la terrible ola de delincuencia e inseguridad, las unidades de análisis, los mismos ciudadanos, tuvieron temor de brindar información confiable lo que atenta a la objetividad del proceso.
Se reconocen las limitaciones y el esfuerzo, pero no bastaba la buena intención de hacer un Censo, por el bien de todos ¡había que realizarlo!
Conclusiones:
1) Los datos oficiales no son confiables, puesto que son
proyecciones hechas con información recabada hace 16 años.
El no saber cuántos habitantes tiene el país y su dinámica demográfica, representa un problema verdaderamente importante, lo que no permite priorizar la información pública en necesidades emergentes como la ampliación de servicios básicos como la energía eléctrica, agua potable, desagües, escuelas y centros de salud.
Era necesario que los datos recolectados fueram confiables y representativos. Los censistas y supervisores debieron actuar con ética, caso contrario se atentó con los fines del Censo.
Las autoridades deben tomar en cuenta la información del Censo para construir políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.
Bibliografía:
·
Instituto
Nacional de Estadística –INE- 2012. Informe de Labores 2011
(on line). 54 p.
E-grafía:
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